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La sociedad bahiense: evolución poblacional, movimientos inmigratorios y formas de sociabilidad (parte III)

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Por Mabel N. Cernadas | UNS-CONICET


En este artículo se caracteriza el universo poblacional de Bahía Blanca, desde su transición de enclave fronterizo a urbe modernizada entre fines del siglo XIX y principios del XX, hasta la consolidación de su perfil como ciudad mediana y de intermediación en la primera década del siglo XXI. 

En el desarrollo se da cuenta de las transformaciones operadas en la estructura y dinámica social, dos facetas aisladas con fines analíticos, pero que se presentan como interrelacionadas. Para su mejor comprensión se han establecido tres etapas.

La primera, entre 1828 y 1879, se inicia con la fundación de la Fortaleza Protectora Argentina junto al puerto natural sobre la ría denominado Puerto Esperanza, por el coronel Ramón Estomba, militar de la guerra de la independencia, hasta la expedición militar llevada a cabo por el Ministro de Guerra Julio A. Roca al Río Negro entre 1878 y 1879.

La segunda, entre 1880-1970, analiza la gradual incorporación de Argentina y Bahía Blanca y su región al modelo agroexportador como proveedora de materias primas, potenciando las posibilidades de su puerto de aguas profundas. Se aborda aquí la sociabilidad de esa población heterogénea y cosmopolita, hasta mediados de la década del setenta, cuando la crisis del modelo se produjo en el marco del régimen de facto que se inició en 1976 que promovió el terrorismo de Estado y la violación de las libertades públicas e individuales para eliminar la conflictividad social y remodelar “desde arriba” la sociedad y el Estado.

La tercera etapa que queremos caracterizar abarca desde los primeros años de la década del setenta hasta 2010, fecha del último Censo Nacional de Población y Vivienda. La última dictadura cívico-militar puso en marcha un conjunto de reformas de carácter neoliberal entre las cuales se incluyeron la reforma del Estado, la desregulación económica, la apertura comercial y la flexibilización laboral que sería concretada en los años noventa. Este proceso de hondas transformaciones estructurales agudizó la conflictividad social instalando en el espacio público nuevas demandas. 

Bahía Blanca y la región bajo el signo del neoliberalismo: reestructuración económica, precarización laboral y aumento de la conflictividad social (1970-2010)

Daniel  James ha escrito que el período que transcurre en Argentina entre 1966, fecha en que se inició un nuevo régimen de facto presidido por el general Juan Carlos Onganía,  hasta el golpe militar que puso fin al tercer gobierno peronista en marzo de 1976 se caracterizó por el aumento de la conflictividad social y diversos problemas que tiñen esos años de violencia, proscripción y autoritarismo pero también constituye una época de sueños e ideales, ya que los actores sociales y políticos, aún inmersos en conflictos y tensiones, estaban intentando construir un país moderno y desarrollado (Daniel James, 2003).

A partir del proceso abierto del 24 de marzo de 1976, que instaló una de las dictaduras cívico-militares más crueles y violentas de la historia argentina promoviendo el terrorismo de Estado y la violación de las libertades públicas e individuales, se produjeron profundas transformaciones en el campo político, la economía y la sociedad. Desde ese momento se fueron abandonando las políticas que privilegiaban la protección de la industria sustitutiva, la demanda del mercado interno como factor de crecimiento y el papel del Estado como garante del bienestar de las personas mediante diferentes prestaciones sociales. La inclusión y la integración social que había caracterizado las décadas anteriores, dio paso a la pobreza, la desocupación, el achicamiento de la movilidad ascendente y el ensanchamiento de la brecha entre los que más y menos tienen

Bahía Blanca no fue ajena a este proceso. Si bien hasta mediados de la década del setenta pareció que la crisis era solo política, se hizo evidente que la globalización supuso una nueva división del trabajo internacional que conllevaría la profundización de la transnacionalización de la economía y la subordinación de la política a la economía, vinculada fuertemente a la reforma del aparato estatal. Al mismo tiempo que comenzaba a esbozarse un nuevo modelo de desarrollo de signo neoliberal se producía el aumento creciente de la conflictividad social. 

Durante esta etapa se habían incrementado los niveles de violencia tanto por el accionar de las organizaciones armadas como por la represión que a partir de 1975 inician las Fuerzas Armadas, con acuerdo del gobierno constitucional. Simultáneamente, bandas paramilitares de la Triple A, creada por José López Rega, secuestraban y asesinaban opositores, en su mayoría obreros, profesores o estudiantes universitarios vinculados al marxismo, que incluía tanto a militantes de las organizaciones del ERP como Montoneros. Una serie de atentados preanunciaron la escalada de violencia donde se multiplicaron los allanamientos de los domicilios y las detenciones de estudiantes.

Bahía Blanca presenció por aquellos años los primeros actos del terrorismo de Estado, como los asesinatos de Jesús “el Negrito” y del estudiante de ingeniería David “Watu” Cilleruelo, ultimado el 3 de abril de 1975 en los pasillos de la Universidad Nacional del Sur.  Esos sucesos en las calles afectaron profundamente la vida diaria de los bahienses, que se anoticiaban sobre esos hechos sangrientos a través de los medios de comunicación. Además de impactar en el espacio público, la violencia influía en los lugares de trabajo y obturaba espacios gremiales de acción.

En los años posteriores, la sociabilidad se vio condicionada por los diversos mecanismos de control y disciplinamiento en el marco de la estructura represiva militar implementada por el gobierno dictatorial entre 1976 y 1983. La propuesta militar buscaba eliminar la conflictividad y remodelar “desde arriba” el Estado y la sociedad.

El aparato estatal se desdobló, y mientras una parte actuaba de acuerdo con el orden jurídico que ellos mismos habían creado, la otra operaba en la clandestinidad y al margen de toda regulación posible, ejerciendo una violencia y represión feroz, sin más control que el de sus propios ejecutores. Así se inició un ciclo en el que imperaba el miedo, y en el cual el secuestro, la detención, la tortura, el asesinato, la desaparición de personas adultas y menores de edad, las violaciones a los derechos humanos fueron parte del sistema que desarrolló su accionar en la ilegalidad, bajo el amparo del poder del Estado. Esta experiencia no fue vivida por todos los habitantes de igual forma, ya que la represión tuvo un carácter selectivo que llevó a que ciertos sectores de la sociedad, señalados como “subversivos”, sufrieran con mayor intensidad sus efectos. 

En el orden económico, los miembros de las tres Fuerzas Armadas, con la complicidad de grupos civiles, en su mayoría vinculados a los sectores más concentrados de la economía, emprendieron acciones represivas y de disciplinamiento sobre las organizaciones sindicales y sus militantes, con el fin de evitar su reacción ante la implementación de un modelo económico de orientación neoliberal, que afectaba la esfera productiva industrial y favorecía al sector financiero y los grupos más concentrados de la economía. 

Y si bien en la Iglesia Católica hubo laicos, sacerdotes, religiosos y algunos obispos que se comprometieron en los organismos de derechos humanos; para un sector de la misma, la dictadura era bienvenida en virtud de su presunta defensa de la “civilización occidental y cristiana” (Virginia L. Dominella , 2013). Por lo tanto, como bien indica Juan Suriano, hubo un amplio espectro social que prestó de una u otra forma su cooperación al régimen militar y le otorgó un consenso sin el cual no hubiera podido existir ni sobrevivir (Juan Suriano, 2005).

En la medida que el régimen militar comenzó a dar muestras de debilidad por el fracaso del plan económico, el cuestionamiento de los organismos defensores de los derechos humanos —como las Madres de Plaza de Mayo—, las presiones de la prensa y de algunos gobiernos extranjeros, se inició la reorganización de los partidos políticos.

La agitación opositora se intensificó en vísperas de la Guerra de Malvinas, para atenuarse durante los meses que duró el conflicto y profundizarse con posterioridad frente a un gobierno totalmente deslegitimado por la derrota militar. La salida electoral, la movilización social en favor de la democracia y el triunfo del radicalismo sobre el peronismo en 1983 constituyó un punto de inflexión en la agitada vida política argentina. 

El presidente Raúl Alfonsín clausuraba así uno de los períodos más dramáticos y sangrientos de la historia nacional, restituyendo la legitimidad a los partidos en su papel de organizadores del electorado y mediadores en el juego político entre la sociedad y el Estado. En los primeros años de la posdictadura, la sociedad en su conjunto vivió en los diferentes ámbitos un inédito clima de libertad y de participación, confiando en que una política cultural y educativa modernizadora podría desterrar los rasgos autoritarios presentes en instituciones, prácticas y conciencias, favoreciendo la integración.

 Sin embargo, el cambio en el modelo de desarrollo económico de los años noventa de neto corte neoliberal produciría fracturas y reacomodamientos de las distintas clases y grupos sociales, configurándose una sociedad compleja y heterogénea con fuerte tendencia a las desigualdades, a la generación de nuevas formas de pobreza y exclusión, que se expresaba a través de una intensa conflictividad social. 

Ante el incremento de la deuda externa, la alta inflación y la pauperización creciente, Carlos Menem, su sucesor, puso en marcha un plan de reformas estructurales que terminó produciendo profundos cambios en la economía y la reconversión de la sociedad. La reforma del Estado, la apertura comercial, la desregulación económica y la flexibilización laboral impactaron intensamente en la sociedad bahiense.

El Estado, que hasta el momento había sido el garante del bienestar de la población pasó a tener un rol subsidiario del mercado. La reestructuración del capitalismo a nivel global, que produjo la “modernización excluyente” desembocó en una dinámica de desindustrialización que fue acompañada por la concentración creciente de la actividad económica en manos de grupos privados y empresas multinacionales (Maristella Svampa, 2005).

A nivel local, la llegada de inversiones públicas y privadas en la industria generó transformaciones espaciales, vinculadas con la industria petroquímica y la presencia del complejo ferroportuario. En este marco, se produjo la instalación de dos emprendimientos fundamentales para la organización del espacio industrial en este nuevo orden neoliberal: el Polo Petroquímico y el Parque Industrial

En 1973 se conformó Petroquímica Bahía Blanca (PPBB) con el 51 % de empresas estatales (Fabricaciones Militares, YPF y Gas del Estado) y el resto en manos privadas. En 1995, se completó la privatización del PPBB y el complejo industrial comenzó a atravesar un proceso de importantes mutaciones de la mano de las grandes empresas transnacionales que tomaron su control. Al tiempo que Dow Chemical adquirió PBB Polisur y el Grupo Solvay hizo lo propio con Indupa, en los siguientes cinco años tuvo lugar el incremento de la capacidad productiva de las empresas existentes, la concreción del Proyecto Mega y la instalación de la fábrica de fertilizantes Profertil

En lo que respecta al Parque Industrial de Bahía Blanca (PIBB), se ubica sobre la ruta de acceso sudoeste al puerto de Ingeniero White, a 5 km del centro de la ciudad. Su creación comenzó a concretarse en 1975, impulsada por un programa del gobierno de la provincia de Buenos Aires que preveía la dotación de infraestructura y equipamiento para promover el desarrollo de industrias de base y la exportación de productos de las pequeñas y medianas empresas. Si bien las acciones fueron desarrollándose de manera progresiva y continua, fue a partir de la década de 1990 cuando el parque comenzó a funcionar como tal, al instalarse las primeras empresas.

Al mismo tiempo, como parte del proceso de descentralización del sistema portuario, en 1993, se constituyó el Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca (CGPBB), ocupando un lugar destacado una vez realizada las obras de dragado que llevó el canal a 45 pies. A partir de la reforma de la regulación portuaria, se radicaron  grandes empresas transnacionales, que adquirieron la concesión de las terminales portuarias existentes y/o realizaron inversiones en nuevas infraestructuras, entre ellas, Bunge Limited, Cargill, Oleaginosa Moreno, empresa de origen bahiense que operaba una terminal especializada en granos y subproductos en Puerto Galván, y pasó a tener participación mayoritaria de Glencore de Suiza; y la Unión Transitoria de Empresas conformada por Glencore y Toepfer, con origen en Alemania, que adaptó el muelle de la Central Termoeléctrica Luis Piedra Buena para la carga de cereales. 

Desde entonces, se fortaleció la especialización de Ingeniero White como puerto agroexportador pampeano, incluyendo también cargas de combustibles y una integración marginal de productos petroquímicos.  En efecto, el hinterland del puerto se estableció sobre el sur de la provincia de Córdoba y norte y centro de Buenos Aires, desde donde se recibían los granos, y las provincias de Neuquén y Río Negro, de donde llegaban los hidrocarburos.

Por otro lado, una ciudad que se había destacado por su preponderancia sobre el mercado regional tuvo una paulatina pérdida de influencia con la desaparición de un número importante de comercios mayoristas y minoristas como consecuencia de la crisis.

Los pequeños y medianos comerciantes barriales se vieron perjudicados también por la construcción de grandes superficies de ventas como los hipermercados, supermercados y shoppings ( Walmart, Disco, Carrefour y Cooperativa Obrera, entre otros). 

Al igual que en el resto del país, en el nuevo modelo económico todas las clases sociales sufrieron transformaciones. Así la sociedad argentina, que se había caracterizado en las décadas precedentes como un ejemplo de integración se constituyó, según Maristella Svampa, en una sociedad excluyente, estructurada sobre la base de la cristalización de las desigualdades tanto económicas como sociales y culturales (Maristella Svampa, 2005).

Este proceso de polarización social, fragmentación inestable y aumento de las desigualdades socio económicas manifestado durante la dictadura militar se acentuó en Bahía Blanca en la década del noventa, cuando se observó un crecimiento sin precedentes del desempleo abierto y de la precariedad laboral.

Las clases medias superiores mostraron un proceso de autosegregación a través de la expansión de un nuevo estilo residencial: las urbanizaciones cerradas, countries y barrios parque, como los de Pago Chico, Bosque Alto, Solares Norte y La Reserva, al que se sumaron la privatización de la seguridad, la salud y la educación

Pero fue en las clases medias empobrecidas y en los sectores populares donde se hizo más evidente la vulnerabilidad y la transformación de la movilidad social ascendente y descendente.  La reestructuración del Estado y las privatizaciones impactaron sobre los empleados, técnicos y profesionales del sector público. En tanto las dependencias estatales ocupaban en Bahía Blanca una proporción significativa de la población, su privatización explicó, en buena medida, el aumento de la tasa de desocupación que pasó del 10 al 20 % entre 1991 y 1995, colocándose tres puntos por encima de la tasa nacional.

Los despidos, retiros voluntarios o jubilaciones afectaron al personal del trasporte ferroviario y aéreo, teléfonos, correos, gas, agua, energía, entre otros, lo que supuso la fragmentación y expulsión de los trabajadores asalariados integrados al mercado formal al incierto mundo de las actividades informales y la subocupación. El empobrecimiento, la precarización laboral y la inestabilidad también afectó a numerosos trabajadores de firmas privadas que debieron cerrar sus puertas debido a las nuevas reglas económicas. 

La crisis de diciembre del 2001 llevó a las clases afectadas a reformular nuevas estrategias tales como las redes comunitarias para la recomposición de los lazos sociales o el desarrollo de redes de sobrevivencia de las clases populares, que configuró un nuevo tejido social caracterizado por la expansión de organizaciones de carácter territorial. Fueron las mujeres de estas clases, especialmente, quienes debieron asumir la responsabilidad de buscar recursos para asegurar la subsistencia de su familia mediante el trabajo doméstico o tareas comunitarias, comedores, roperos de iglesias evangélicas o de Cáritas, ante el desempleo de los hombres jóvenes procedentes de sectores medios y populares y con escasa preparación educativa. 

Las formas organizativas de estas nuevas estructuras y la extracción social de sus integrantes, atravesadas todas ellas por la asignación de las cargas sociales de trabajo de cuidado en función de su género, fueron heterogéneas. A consecuencia de la crisis, surgió la “Liga de Mujeres por Bahía”, que luego pasó a denominarse “Mujeres por la Dignidad”, en el barrio periférico Villa Delfina, sector que recibió desde la década del sesenta inmigración patagónica, chilena y boliviana. Las preocupaciones de este núcleo se centraron en la búsqueda de estrategias para afrontar la pobreza, pero se extendieron también a cuestiones como la criminalización de niños y jóvenes, la trata de personas y la prostitución de niñas y adolescentes. Desde los noventa se había intensificado la explotación sexual en la forma de prostitución en el ámbito público, así como también en whiskerías, pubs y cabarets que funcionaban en muchos casos como prostíbulos.

Algunas de estas organizaciones, cuyas prácticas delineaban un activismo desde la subalternidad, interactuaron de distintas maneras con políticas gubernamentales destinadas a paliar “la feminización de la pobreza” y otras situaciones de vulnerabilidad que afectaban a las mujeres. A nivel municipal se puso en marcha el Programa Mamás Cuidadoras, a través del cual, mujeres-madres de distintos barrios se encargaban del cuidado de pequeños cuyas progenitoras debían ausentarse de su hogar para trabajar. Paralelamente, a nivel provincial, se estaba implementando el Plan Vida, que consistía en el reparto de medio litro de leche diario y de una ración semanal de huevos y cereales a niños y embarazadas.

En los inicios del siglo XXI, el Plan Jefes y Jefas de Hogar, implementado por decreto del PEN en 2002, y la iniciativa Volver a Casa que desarticuló algunos comedores comunitarios tuvieron como agentes a las “manzaneras”, quienes eran referentes en sus respectivas cuadras. A su vez, por estar vinculadas a los gobiernos provincial y local, las manzaneras posibilitaban la articulación de sus políticas con las comunidades barriales. De estas y otras maneras se pretendió paliar el retroceso del Estado y proveer de ayudas sociales a sectores particularmente afectados. 

Otra expresión de la aguda conflictividad social suscitada por las transformaciones estructurales a nivel económico y social fue a través del movimiento de desocupados.  Las primeras organizaciones surgieron en 1995 y estuvieron integradas principalmente por obreros que habían estado ligados a las empresas públicas. A través del trabajo asambleario, la participación democrática de las bases y los métodos de acción directa, dicho movimiento fue cobrando visibilidad en la ciudad y conformando una organización social más amplia junto a sindicatos, estudiantes, estatales, jubilados y pensionados. 

En agosto de 2001, el descontento social también se tradujo en Bahía Blanca en dos manifestaciones masivas denominadas “Escuelazos”. Centradas en la defensa de la educación pública fueron convocadas inicialmente por los gremios docentes y tuvieron el apoyo de padres, madres, estudiantes y auxiliares de la educación, a los que se adhirieron trabajadores de distintos gremios, desocupados, y diferentes organizaciones políticas, reuniendo aproximadamente 15.000 personas.  

Entre fines del siglo XX y la primera década del siglo XXI la fisonomía de la ciudad sufrió una progresiva fragmentación territorial, derivada de las desigualdades de la distribución de los ingresos y el deterioro de las condiciones de vida de su población, especialmente en lo atinente a la vivienda. Según datos recabados por la municipalidad, en el primer semestre de 2005 el porcentaje de personas pobres era de 35,3 % de la población total, y el de indigentes del 18,1 %.

La polarización de la estructura social fue productora de la segregación urbana. En la periferia, particularmente en el sector sur, sudoeste y oeste de la ciudad se produjo la ocupación informal de tierras, tanto públicas como privadas, por una población de bajos recursos y la multiplicación de asentamientos precarios y villas de emergencia. 

El Estado, por su parte, multiplicará las políticas asistencialistas a las clases populares, pero ya no se procurará la ampliación de los derechos o los beneficios que colectivamente pudieran pretender los ciudadanos, sino que se buscará identificar los posibles focos de conflicto y así otorgar alguna ayuda específica que los mantenga bajo control.

A inicios de la nueva centuria, si bien continuó la movilización social y la acción colectiva de la clase trabajadora por diferente tipo de reclamaciones, se hicieron presentes diversos colectivos que instalaron en el espacio público otro tipo de problemáticas tales como las de los vecinos en los barrios, las iniciativas asociadas a luchar por el reconocimiento de la diversidad étnica, aquellas vinculadas con los derechos de las mujeres y la diversidad sexual, las preocupaciones relacionadas con los derechos humanos o la degradación ambiental

El repliegue sobre los barrios de las actividades políticas, sociales, económicas y culturales que sufrieron los sectores populares, se liga directamente a las políticas sociales desplegadas por el Estado frente a la crisis que produjeron las políticas económicas neoliberales. Salir a la calle, cortar calles y rutas o hacer piquetes para expresar demandas y reivindicaciones es un recurso legítimo para una proporción muy importante de los ciudadanos y, en líneas generales, las protestas están ligadas a la vulneración de derechos fundamentales como también a la falta de acceso al empleo, a la vivienda, a la educación y a la alimentación, entre otras.

Por otro lado, si bien existía una incipiente “Agrupación Mapuche” en la década anterior, fue desde el reinicio de la democracia y especialmente en los noventa que se conformaron agrupaciones que, militando desde el lugar de mapuche y de mapuche/tehuelche, se reivindicaban como pertenecientes a los “pueblos originarios”. Algunos de estos núcleos estaban alineados con las luchas de organizaciones rurales de la zona patagónica, centradas en reclamos por la tierra, derechos culturales, educación intercultural/ bilingüe y preservación del medioambiente. En ocasiones, fueron mujeres las principales voceras de estos grupos comunitarios. Desde el punto de vista sociocultural, es destacable la tarea de la Casa Cultural Mapuche (Ruka Kimun Mapuche) iniciada a fines de la década de los ochenta, cuando creó en el año 2000 un espacio que estaría destinado, entre otras cosas, a albergar estudiantes universitarios indígenas e implementó proyectos vinculados a la educación bilingüe, la difusión radial y la investigación histórica, entre otras actividades.

La participación femenina en la esfera pública bahiense se venía acrecentado desde la recuperación democrática con la realización de encuentros regionales de mujeres y la actividad de grupos de diversos perfiles como la Liga de Amas de Casa, Identidad, la Asociación de Mujeres Universitarias y el nucleamiento de Mujeres Médicas de Bahía Blanca, entre otros.   En el inicio del nuevo siglo, distintos colectivos instalaron en la agenda política una serie de demandas vinculadas con los derechos de las mujeres y el respeto por la diversidad sexual con perspectiva de género. La agrupación femenina Mujeres por la Dignidad, por ejemplo, articuló algunas iniciativas y compartió preocupaciones por cuestiones de derechos de las mujeres y género con otro colectivo, de carácter feminista, denominado Autoconvocatoria Mujeres. Este último grupo se formó en 2003 y estaba conformado mayoritariamente por profesionales y docentes. 

El año 2007 fue clave en la visibilización de las luchas por la diversidad sexual. En esa ocasión, Autoconvocatoria Mujeres colaboró con MODIS (Movimiento por la diversidad sexual, conformado por gays) y Entramadas (entidad que nucleaba a lesbianas), para dar lugar a la semana y al mes de la diversidad, que enlazó facetas étnico-culturales y sexuales (Graciela Hernández, 2010).

Así, en el año 2010 se realizó por primera vez en la ciudad la marcha del Orgullo LGTB con la participación de más de 100 personas. La movilización fue convocada por organizaciones de mujeres, gays, lesbianas, bisexuales, travestis y trans para exigir que se votara la ley del matrimonio entre personas del mismo sexo. Desde Pan y Rosas, en la Secretaría de la Mujer del CEHum (Centro de Estudiantes de Humanidades de la Universidad Nacional del Sur), jóvenes universitarias participaron en esa oportunidad y llamaron a continuar con las movilizaciones para lograr el reconocimiento de ese y otros derechos sociales como el del aborto legal, seguro y gratuito.

Si bien las reclamaciones de los vecinos en los barrios han sido variadas y de diferente intensidad, no podemos dejar de citar el incidente ambiental y sanitario que afectó a la población de Ingeniero White y de los barrios cercanos al Polo Petroquímico de Bahía Blanca. Durante agosto del año 2000, y con ocho días de diferencia, tuvieron lugar dos grandes escapes, de cloro primero y amoníaco después, en las plantas de Solvay Indupa y Profertil, respectivamente.

Dichos escapes constituyeron un acontecimiento trascendente en tanto que la población de Ingeniero White reacciona frente a las intensas transformaciones que experimentaban sus condiciones de trabajo y de vida a partir de la privatización, extranjerización y expansión del polo ferroportuario e industrial bajo la aplicación de las políticas neoliberales. Estos hechos pusieron en alerta a la población de que había un peligro real muy cercano a sus hogares y que ponía en riesgo su salud e integridad física. Como consecuencia de la fuga tóxica, en el Hospital Menor de Ingeniero White, fueron asistidas ochenta personas. Además, los niños del Jardín de Infantes N° 905 y de la Escuela N° 15 fueron evacuados.

Durante aquellos días, las fuerzas sociales de Ingeniero White irrumpieron con una multiplicidad de acciones colectivas, entre las que se destacaron las asambleas populares, las movilizaciones callejeras, los piquetes en los accesos de las plantas industriales, el pedido de puestos de trabajo, las innumerables reuniones, los diversos petitorios presentados ante las autoridades políticas, la solicitud de un mayor control sobre las industrias petroquímicas, la conformación de organizaciones ambientales, la demanda de indemnizaciones para los vecinos que deseaban abandonar la localidad, la oposición al asentamiento de una nueva planta en el área industrial, el inicio de juicios contra las empresas, el requerimiento de las instituciones educativas de ser reconocidas como escuelas de riesgo ambiental y el reclamo para la realización de un censo de salud (Emilce Heredia Chaz, 2022).

El 18 de mayo del 2022 se realizará el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas en todo el país, en un contexto en el que las consecuencias de la pandemia mundial se anudan en Bahía Blanca con un índice significativo de pobreza multidimensional (María Emma Santos, 2018, 2020).

Corresponderá a los Cientistas Sociales, —quienes estudian el comportamiento individual y colectivo de la sociedad, buscando comprender y explicar las características y permanencias que se exteriorizan en el conjunto de las instituciones humanas—, comprender los procesos originados al demolerse una configuración social integradora en la cual el Estado era un actor clave en la organización de varias dimensiones de la actividad social. 

Las políticas neoliberales implementadas en Argentina durante las últimas décadas han tenido un impacto de una magnitud y una profundidad tan significativas sobre la estructura social y productiva, la cultura y la sociedad en su conjunto, que deben ser motivo de amplias investigaciones de las ciencias sociales y humanas para poder responder a situaciones problemáticas derivadas de la acentuación de las desigualdades y el empobrecimiento de franjas importantes de la población. Para todos nosotros, constituye una responsabilidad ineludible pensar juntos el presente, pasado y futuro, cooperando con los sujetos de la historia en la construcción de mundos posibles que garanticen a los hombres y mujeres una vida libre, pacífica, plena y creativa


Sobre la etapa 1975-2022 puede consultarse: Becher, Pablo (2017). El movimiento de trabajadores desocupados en Bahía Blanca: organización y conflictividad (1995-2003) (Tesis de maestría). UNS, Bahía Blanca; Becher, Pablo y Klappenbach, Germán. (2014). Mascarillas y piquetes en Ingeniero White. La conflictividad social asociada a la problemática medioambiental de las empresas petroquímicas durante el año 2000. NuestraAmérica,Recuperado de http://revistanuestramerica.cl/ojs/index.php/nuestramerica/article/view/87; Bracamonte, Lucía y Mabel N. Cernadas, (coord.) (2019)  “La sociedad bahiense: evolución poblacional, movimientos inmigratorios y formas de sociabilidad” Bahía Blanca siglo XX: historia política, económica y sociocultural, Bahía Blanca, Ediuns,  Bustos Cara, Roberto y Tonelloto, Sandra (1997). Identidad e imaginario en torno a un proceso de reestructuración portuaria: Bahía Blanca. Caravelle; Costantini, Florencia y Heredia Chaz, Emilce. (2018). El progreso en cuestión: sectores productivos, política económica y conflictividad social. En Mabel N. Cernadas y José Marcilese (Comps.), Bahía Blanca Siglo XX. Historia política, económica y sociocultural. Bahía Blanca: EdiUNS; Dominella, Virginia Lorena (2013). “Chicos comunes, militantes, mártires. La rememoración de víctimas católicas bahienses del terrorismo de Estado en los homenajes de 2011”. Aletheia, vol. 4, núm. 7; Feliú, Marcelo. (2001). Zona Franca Bahía Blanca – Coronel Rosales. Su inserción en el Mercosur. Algunas reflexiones. En M. Cernadas (Comp.), Historia, Política y Sociedad en el Sudoeste Bonaerense. Bahía Blanca: EdiUNS;Gorenstein, Silvia. (1991). Rol del complejo petroquímico bahiense en el desarrollo urbano-regional. Bahía Blanca: Departamento de Economía UNS; Gorenstein, Silvia. (1998). Las nuevas formas de declive urbano-regional en la Argentina de los años noventa. El caso de Bahía Blanca en el Sudoeste Bonaerense. En C. De Mattos, D. Hiernaux y D. Restrepo (Comps.), Globalización y Territorio. Impactos y Perspectivas. Santiago de Chile: Pontificia Universidad Católica de Chile – Fondo de Cultura Económica; Gorenstein, S., Cerioli, Liliana. y Scudelati, Mariela (1999). Repercusiones laborales de los procesos de privatización en Bahía Blanca. Estudios del Trabajo, 17, pp. 49-76. Recuperado de https://www.aset.org.ar/revista.php?rid=20; Hernández Graciela (2010). “Diversidad, desigualdad y políticas culturales”, Temas de Mujeres, Año 6, núm. 6, pp. 65-84; Hernández Graciela (2010). “Diversidad, desigualdad y políticas culturales”, Temas de Mujeres, Año 6, núm. 6, pp. 65-84; Hernández, Graciela, Juan P. Canoni y Laura Orsi. (2015) “Las migraciones desde Chile y Bolivia a Bahía Blanca. Delimitar un campo e identificar las prácticas en la historia oral (2007-2013)”. Barelli, Ana Inés y Patricia Dreidemie, dirs. Migraciones en la Patagonia. Subjetividades, Diversidad y Territorialización. San Carlos de Bariloche: Editorial UNRN; Heredia Chaz, Emilce. (2014). De la Responsabilidad a la Contaminación Social   Empresaria: la ingeniería social del Polo Petroquímico de Bahía Blanca (Tesina de licenciatura). UNS, Bahía Blanca; Heredia Chaz, Emilce. (2022) Procesos extractivos, territorios urbanos y conflictos territoriales: Hacia una ecología y economía política del desarrollo petroquímico de Bahía Blanca. (Tesina de Doctorado). UNS, Bahía Blanca; James, Daniel. (2003). Violencia, proscripción y autoritarismo (1955-1976). Buenos Aires. Sudamericana; Santos, Maria Emma (2018).  Informe: Pobreza en Bahía Blanca 2004-2018. Documento de Trabajo Nº 8. Bahía Blanca, IIESS.  Recuperado de https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/92003; Santos, María Emma (2020). Pobreza Multidimensional en Argentina y Bahía Blanca en tiempos del COVID-19. Documento de Trabajo Nº 14, Bahía Blanca: IIESS. Recuperado de https://iiess.conicet.gov.ar/images/DDT/doc-trabajo-Nro14.pdf;  Suriano, Juan. (2005) Dictadura y democracia (1976-2001). Buenos Aires. Sudamericana; Svampa, Maristella. (2005) La sociedad excluyente. La Argentina bajo el signo del neoliberalismo. Buenos Aires. Aguilar; Viego, V. (2004). El desarrollo industrial de los territorios periféricos. El caso de Bahía Blanca. Bahía Blanca: EdiUNS;Zapata, B. (2014) Andamios de experiencias: Conflictividad obrera, vigilancia y represión en Argentina. Bahía Blanca, 1966-1976 (Tesis doctoral). UNLP, La Plata. 

Agradecemos a los integrantes del Archivo de la Memoria de la Universidad Nacional del Sur (AMUNS), Dr.José Marcilese y Mg. Celeste Napal haber contribuido con el material fotográfico con que cuenta la institución. 

MABEL NÉLIDA CERNADAS

Es profesora, licenciada, magíster y doctora en Historia. Se desempeña como docente de posgrado en los Departamento de Humanidades y de Economía de la Universidad Nacional del Sur e investigadora principal del CONICET. Es asimismo directora de la carrera de doctorado en Historia e integra el Comité Académico de la maestría en Sociología. En la formación de recursos humanos se destaca su trayectoria en la dirección de proyectos acreditados, investigadores, tesistas, becarios y pasantes. Autora y coautora de varios libros y capítulos de libros, ha publicado numerosos artículos y reseñas en revistas nacionales e internacionales, como también en actas de congresos sobre temas vinculados a la historia política y social argentina. Creó el Archivo de la Memoria de la UNS y dirige el Centro de Estudios Regionales «Profesor Félix Weinberg» del Departamento de Humanidades de la UNS. En 2017 fue distinguida con el título de Profesora Extraordinaria Consulta de la UNS. En 2018 fue reconocida como mujer destacada de la ciudad de Bahía Blanca en Ciencia e Investigación, por la UNS y el Honorable Concejo Deliberante de Bahía Blanca por su aporte al conocimiento de la historia local. 


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Por Gustavo R. Piñero | Especialista en Emergencias y Terapia Intensiva


Habitualmente hay una tendencia a utilizar palabras como sinónimos o equivalentes, pero que conceptualmente difieren sustancialmente. Así, vemos diariamente el uso de las palabras “accidentes de tránsito” para describir los “siniestros viales” que día a día aquejan a nuestra sociedad. 

Cuando se habla de accidente se está haciendo referencia a un hecho fortuito, azaroso, una situación incapaz de prevenirse o controlar. Sin embargo y en la senda opuesta, se encuentra la palabra siniestro o incidente: hecho previsible, evitable y controlable.

Por esta razón, la mayoría de los eventos que suceden en calles y rutas se consideran siniestros, ya que por lo general se podrían haber evitado, sobre todo porque aproximadamente el 80 % involucra un error humano voluntario o involuntario.

Foto: La Nueva.

Los siniestros viales desde el punto de vista sanitario son causantes de lo que llamamos enfermedad “trauma”, la cual es definida como un daño intencional o no intencional producido al organismo debido a su brusca exposición a fuentes o concentraciones de energía mecánica, química, térmica, eléctrica o radiante que sobrepasan el margen de tolerancia del cuerpo humano.

La enfermedad trauma es la responsable de la tercera causa de muerte cuando se consideran todos los grupos etarios, la primera causa de muerte entre 1 y 45 años y la responsable de 3 de cada 4 muertes en niños. Sumado a la mortalidad y los costes sanitarios generados, existe una enormidad de costos ocultos de la enfermedad trauma asociados a la cantidad de años potencialmente perdidos en un grupo social laboralmente activo, dado que los grupos jóvenes son los más afectados.

A pesar de todo esto, el trauma es considerado la “enfermedad socialmente negada de los tiempos modernos”, aquella que llama la atención mediática en el momento del incidente cayendo posteriormente en el olvido y la soledad. Solo aquellos directa o indirectamente afectados, como las familias, pueden dar cuenta del verdadero impacto social, económico y afectivo que provoca la enfermedad trauma.

Foto: LU3.

Más de 5 millones de personas fallecen cada año debido a lesiones en el mundo, lo que representa aproximadamente el 10 % de la mortalidad global. El 90 % de las muertes asociadas a colisiones vehiculares ocurre en países de ingresos medianos y bajos, aunque llamativamente estos países solo tienen el 53 % de los vehículos registrados en el mundo. Esto marca también una connotación social de la enfermedad trauma.

A nivel mundial, el trauma se asocia con un costo anual económico de aproximadamente 670.000 millones de dólares en gastos médicos directos y pérdida de la productividad laboral. En el caso de los incidentes viales alrededor de 1,2 millones de personas mueren anualmente por este motivo y un adicional de entre 20 y 50 millones sobreviven, pero sufren discapacidades desde leves a graves, con costos globales estimados en alrededor de 160.000 millones de dólares anuales.

En 2002 una de las revistas médicas más prestigiosas definió a la enfermedad trauma por lesiones vehiculares como una verdadera “Guerra en las calles”. Sin embargo, como sociedad todavía no hemos asumido la magnitud del problema y seguimos discutiendo leyes como “alcohol cero al volante”, de probada efectividad en todo el mundo.

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⚠🏍 Datos de Argentina

En nuestro país, las muertes diarias asociadas a siniestros viales varían según las fuentes consultadas, pero ambas muestran cifras inaceptablemente altas, lo cual nos pone entre los países de Latinoamérica de mayor inseguridad vial:

Si bien en los últimos años hay un descenso de las cifras, todavía hay mucho camino por recorrer en la cultura de la seguridad vial.  

El 42 % de los afectados tiene entre 15 y 34 años, y 8 de cada 10 pertenecen al sexo masculino. Las motos son un grupo de especial atención dado que 4 de cada 10 siniestros (año 2021) involucra este tipo de vehículo que llamativamente solo representa el 34 % del parque vehicular de todo el país, pero llegando a superar el 50 % del parque automotor en el noroeste y noreste de nuestro país.

Otro dato preocupante es que en los incidentes que involucran motos el 50 % fallece, debido muchas veces al no uso del casco o al uso de cascos de mala calidad.

👉 Debemos reflexionar como sociedad tratando de imaginar la magnitud de esta verdadera epidemia, y no solo visualizarla en los portales de noticias como “el accidente de cada día”.

👉 Debemos entender que en nuestro país tenemos miles de muertes y discapacidades evitables con programas serios, multidisciplinarios, que involucren todos los grupos técnicos e interesados en modificar esta triste realidad.

😔 Cifras que duelen

En la tabla siguiente se muestran hechos dolorosos en nuestra historia como país y su comparación con la problemática de la seguridad vial:

¿Cuántos muertos y lesionados graves estamos dispuestos a asumir como sociedad, antes de parar esta epidemia silenciosa que nos arrebata las generaciones más jóvenes? 

Comprender que los mal llamados accidentes tienen causas que pueden ser evitadas equivale a dar un gran paso en la implementación de medidas destinadas a: 

  • evitar que se produzcan nuevos hechos traumáticos (prevención primaria);
  • asegurar que si ocurren, la persona se encuentre protegida para disminuir así la severidad de las lesiones o la mortalidad (prevención secundaria);
  • producida la lesión, que la persona lesionada reciba una atención precoz, adecuada, equitativa y eficiente para permitir que se reintegre a la sociedad con el menor número de secuelas físicas y funcionales.

✍️ Sobre el autor

El doctor Gustavo R. Piñero (MP 1645) es especialista jerarquizado en Emergencias y Terapia Intensiva.

También, profesor adjunto de Medicina Crítica y Emergencias Departamento de Ciencias de la Salud UNS y director de Atención Hospitalaria en el Municipal.


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Voces

✊ Violencia de género en Bahía: asumir nuestra responsabilidad en la lucha para alcanzar la igualdad real

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Por Nora Cecilia Dinoto | Integrante de la Red Local Violencia de Género


Desde la Red Local Violencia de Género Bahía Blanca decimos que hacer la denuncia es un derecho de todas las personas que son víctimas de alguna forma de violencia por razón de género: las autoridades policiales y judiciales tienen el deber de protegerte.

Diego Ortiz, abogado y especialista en violencia familiar, expresa:

Los y las profesionales deben entender que la denuncia de violencia familiar no es sólo un trámite escrito, sino que es un instrumento de resguardo y/o protección de los derechos de las mujeres que solicitan una medida cautelar, un freno, un coto.

Fotos: gentileza de la entidad.

No todas las personas que por razón de género transitan situaciones de violencia están preparadas o dispuestas a realizar la denuncia. De allí que existan espacios previos para ser escuchadas, asesoradas, romper con el silencio, la vergüenza o el miedo en el cual están inmersas.

Para que la denuncia represente un instrumento de protección es necesario que la respuesta que debe darse sea integral. Es imprescindible la intervención judicial, pero no es suficiente. Uno de los principales desafíos que debemos lograr es la coordinación y articulación de los servicios que intervienen en el abordaje de las violencias desde la horizontalidad de la acción.

No parece fácil de lograr a primera vista, pero necesitamos desnaturalizar la intervención fragmentada y reconocer la necesidad de acordar con otras organizaciones gubernamentales y no gubernamentales intervenciones eficientes en el tiempo.

Lo que determina el carácter urgente en una situación de violencia de género es poder evidenciar a través del relato el riesgo potencial o real ante el cual está expuesta la mujer y su grupo familiar (hijas e hijos).

Ir desnaturalizando junto a ella una realidad que ella misma describe y que vive a diario, en forma recurrente, lo que la lleva a naturalizar las manifestaciones de todo tipo de violencia; minimizando, en algunos casos, las señales de peligro.

Un recurso muy valioso y necesario es tener conocimiento de un registro de la “ruta crítica” que fue trazando la persona que transitó o transita situaciones de violencia de género.

Eso nos aportaría la información que necesitamos para conocer cada una de las intervenciones y/o respuestas que se han ofrecido desde las distintas organizaciones a las mujeres que transitan situaciones de violencia: qué respuesta se dio, cómo y para qué (serviría también como una autoevaluación para cada organización que intervino).

Probablemente surja un registro de las medidas de protección que le fueron otorgadas si hizo denuncias previas. Entonces, evaluar la posibilidad de modificar las medidas, o si hubo incumplimiento de las medidas por parte del denunciado, etcétera.

👉 Desde la Red Local Violencia de Género Bahía Blanca hemos intentado profundizar las realidades de las mujeres que transitan situaciones de violencia con la finalidad de brindar un abordaje integral desde la prevención, asistencia y acompañamiento, optimizando recursos, ordenando los niveles de intervención, evitando la revictimización.

👉 Hoy se suman otras organizaciones sociales que fueron surgiendo para dar respuesta a las demandas y/o necesidades en los distintos territorios que habitan las mujeres que transitan situaciones de violencia por razón de género.

👉 El Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual optimizó recursos como la línea 144, que ha perfeccionado su intervención haciéndola más eficiente y operativa, transversalizando el enfoque de género en el estado provincial.

👉 El compromiso de la ciudadanía que ante una situación amenazante de violencia llama al 911 para que intervenga.

👉 Servicios de orientación y asesoramiento legal, etcétera.

Lo cierto es que sólo si somos capaces de denunciar las situaciones de desigualdad, de discriminación y de violencia; sólo si vemos las consecuencias que tienen, en esas mujeres y en la sociedad en la que convivimos; sólo si somos capaces de responsabilizarnos e implicarnos como ciudadanas y ciudadanos en esta lucha; sólo de esta manera seremos capaces de inmunizarnos y alcanzar así la igualdad real entre mujeres y hombres.

📲 Contacto

  • Facebook: Red Local Violencia de Género, Bahía Blanca
  • Correo electrónico: redviolenciabahiablanca@gmail.com.
  • Situación de riesgo: 911 o la línea 144.
  • Mensajes por WhatsApp o Telegram: 221-508 5988 o 221-353 0500 (las 24 horas, los 365 días del año).

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Voces

El propósito de elegir funcionarios

Ecos de la clausura del Mercado Municipal.

Publicado

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Foto: La Nueva.

Por Tato Vallejos / Editor general de 8000

“El propósito de elegir funcionarios es que nosotros no tengamos que pensar”, le dice Homero Simpson a su hija Lisa.

Y algún punto tiene en su lamentable chiste: necesitamos funcionarios públicos (que estén a la altura) para lidiar con estos temas que tienen alternativas tan difíciles. Y que hay que pensarlas mucho. Para eso pagamos nuestros impuestos.

Funcionarios que tengan un plan para cerrar un teatro histórico durante 947 días porque existe el riesgo de que se prenda fuego como el Banco Nación.

Para darle mantenimiento a un parque porque muchísimos árboles están podridos y pueden matar a alguien.

Para clausurar un mercado municipal que hace décadas está en decadencia, pero que tiene decenas de familias que dependen de él.

Para eso es que tenemos funcionarios, concejales, legisladores. Para que den alternativas a lo que puede parecer imposible de resolver.

Para planificar acerca de qué hacer con las personas que sufren ante una decisión de gobierno.

Tras el informe de la UTN está clarísimo que hay que cerrar el Mercado Municipal. Tan claro como lo veía cualquiera de los ingenieros que tienen responsabilidades políticas y visitaron el edificio alguna vez en su vida. Porque no queremos Cromagnon, no queremos Once ni otra víctima como Daiana Herlein.

Pero después de 7 años de gobierno cerraron de un día para el otro. Entre mucho ruido. Entre mucha falta de respuestas. Y sin pensar demasiado.

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