🌬💨Fuga de cloro: de la que nos salvamos en 2000, con viento a favor

Publicado el 17/08/2025.

Por Gabriel Bermúdez

Periodista y economista


Nora Marchese va a tomar el colectivo y al llegar a la esquina ve esa nube. Se asusta y vuelve corriendo a su casa, despierta a su hija, se ponen alertas. “Nunca antes había pasado algo así”, dice.

Desde la ventana del segundo piso en un monoblock, Claudio Herrera la observa a la distancia; toma su cámara y filma la densa formación nubosa anaranjada.

(Ilustración: Julieta Lucero)

En el club Puerto Comercial, los chicos de minibásquet están por jugar. Ni ellos ni sus familiares saben lo que ocurre a poco más de 100 metros.

Rocío Parga está a 7 cuadras y sólo escucha rumores. Ni una palabra oficial, dice: “La situación se vive boca a boca, como quien cuenta una leyenda espeluznante y lejana”.

Alejandro sostiene por TV que la sirena de los bomberos sonó casi 1 hora tarde.

“¿Qué hubiera ocurrido si se escapaba de noche y pasaba por nuestro barrio? ¿Cuántos hubiésemos muerto?“, pregunta a viva voz un hombre, en las primeras asambleas vecinales generadas por el inédito fenómeno que nos pasó hace 25 años.

Estos testimonios reflejan el desconcierto que se vivió desde las 9:45 del domingo 20 de agosto de 2000, tras la fuga de cloro en una tubería averiada de la firma Solvay Indupa, entre las avenidas 18 de Julio y San Martín, en Ingeniero White: el corazón del Polo Petroquímico.

  • 🗣 “A los 5 minutos la pérdida ya había sido controlada”, afirmó aquel día el director industrial de la compañía, Edgar Bosso. Pero el cloro remanente siguió saliendo durante unas 2 horas.

  • 😱 “Más tarde nos enteramos de lo que había pasado —comentó la vecina Stella Maris Botta—. Nos hubiéramos muerto todos”.

La sensación de perplejidad alcanzó también a los funcionarios que debían dar respuestas a los llamados que se recibían en el poco usado y menos conocido número de emergencias 103.

No hubo riesgo para la población gracias a que el viento soplaba en dirección contraria a donde están las viviendas —admitió, sin vueltas, el director municipal de Medio Ambiente, Braulio Laurencena, en sus primeras declaraciones.

Había llegado en su propio auto, y le negaron la entrada: por entonces, el Polo (separado por una calle del barrio 26 de Septiembre, densamente poblado) sólo era supervisado por la Secretaría Ambiental de la provincia de Buenos Aires, localizada a más de 600 kilómetros…

El fuerte viento, que para la cosmovisión mapuche emparentaba a Bahía Blanca con Huecuvú Mapú o la “tierra del diablo”, había soplado esa mañana a unos 25 kilómetros por hora y con ráfagas de 50, del este-sudeste.

Y por eso la nube tóxica se fue hacia la zona de las islas del estuario, donde terminó por disiparse.

  • 🙏 “La mano de Dios… —dijo una mujer identificada como M.I.—. Si ese humo venía para acá, ¡nos mataba a todos!”.

El milagroso resabio resultó ser sólo 1 bombero de Prefectura que estuvo unas horas en terapia intensiva por precaución.

Apenas 8 días después, el 28 de agosto de 2000, también de mañana pero en día laborable, se sucedieron 2 escapes de amoníaco en el sector costero donde Profertil ponía en funcionamiento la planta de fertilizantes más grande del mundo.

  • 💨 Se registraron entre 40 y 100 partes por millón de amoníaco. El máximo permitido era 35 ppm.

Alrededor de 80 personas debieron ser atendidas en el “hospitalito” whitense, 2 establecimientos escolares fueron evacuados, hubo confinados y la angustia se propagó con mayor rapidez entre la sorprendida población portuaria, que volvía a ser sacudida.

1 hora después de las fugas, con los móviles periodísticos ya en el lugar, el gas aún se respiraba en el área cercana al complejo que empezaba a recibir de Techint y comenzaba a probar Profertil. Con él se incorporaba al Polo el sector de Cangrejales, próximo al estuario y consolidado con sedimentos del dragado de la ría, en el inicio de la segunda gran etapa de inversiones en la zona.

—El olor no se aguantaba —detalló Marcela Grecco, entonces de 22 años—. Me asusté mucho, cubrí la cara de Maylén [su hija de 3] con un pañuelo húmedo y nos fuimos. Creo que ni cerré la puerta. Reaccioné como a las 10 cuadras, pero ¿hasta cuándo vamos a vivir con el miedo? Somos humanos, ¿no?

Mientras tanto, en un hecho sin precedentes, por el escape de cloro previo seguía clausurada Solvay, situada frente a Profertil.

  • 🏭 El cloro es un gas irritante que en principio puede causar dificultad para respirar, tos y ardor en la garganta. Si la exposición es prolongada, hay riesgo de afectación pulmonar, quemaduras químicas y deterioro del tracto gastrointestinal.

  • 🤧 El amoníaco, sobre todo en forma de gas, también provoca inicialmente irritación en ojos, piel y vías respiratorias. Y si se extiende el contacto, puede ocasionar daños en los pulmones.

  • ⚠️ En ambos casos, la peligrosidad está dada por la concentración y la permanencia en el aire.

Las fugas de 2000 representan lo más grave que pasó en la historia del complejo petroquímico bahiense, creado a principios de los 70. Y marcaron un antes y un después en la relación entre la comunidad y el Polo.

💪 La organización vecinal

Aunque vivía en el barrio 26 de Septiembre, a pocos metros de Solvay, Hernán Zerneri dimensionó lo que había ocurrido (como la mayoría) recién al día siguiente, cuando los noticieros de televisión abierta mostraron la nube anaranjada.

—Fue un vecino, Claudio Herrera, el que tomó la imagen y otro amigo, también vecino, tomó otras desde la rotonda. Fue importantísimo, porque si no hubiese quedado como uno de los tantos episodios que circulan como un rumor o un comentario, pero sin documentar —le dice Hernán a 8000.

Esas escenas generaron conciencia, y también “un primer sentimiento espontáneo de indignación”.

Hernán, que es técnico en Gestión Ambiental formado en el Instituto Juan XXIII, recuerda cuando de chico salía al patio de su casa o caminaba por el barrio y veía todo tapizado de blanco, por una suerte de pelusa de polietileno.

—También sentíamos olores azufrados y de distinto tipo. Sabíamos que estaba mal, pero nos habíamos acostumbrado.

El 20 de agosto de 2000 algo cambió para siempre.

  • 📺 Así se recordó en 2013, con imágenes y testimonios:

—La gente tomó real dimensión, agravada, una semana después, por los 2 episodios con amoníaco en Profertil. Creo que todo eso terminó de indignar a la comunidad, porque se había pasado un límite.

Los vecinos salieron a protestar cortando la ruta y la calle. Hernán estuvo varias jornadas en un piquete que se montó en la avenida San Martín, en un acceso a Indupa.

—Íbamos todos los días, nos quedábamos 4 o 5 horas —cuenta—. Venía gente de Bahía a acercarnos comida o a ofrecer si necesitábamos algo. ¡Un vecino llevó hasta su casa rodante! Se forjaron relaciones ahí.

De ahí Hernán saltó a integrar la comisión de representantes y a pugnar por la erradicación del barrio 26 de Septiembre, idea para la que reunió firmas y llegó a tener mucho consenso en el sector.

  • ⚓️ El 26 de septiembre de 1885 se inauguró el muelle de hierro y quedó como la fecha de fundación de White.

  • 😬 En 2011 a nivel mundial se fijó ese mismo día para celebrar… la salud ambiental.

(Foto: gentileza HZ)

Hernán fue uno de los impulsores de la Unión Vecinal 20 de Agosto, que cobró alto protagonismo en aquellos días de 2000 junto con las ONG Vecinos por la Costa y Vecinos por la Vida.

—Mi mayor preocupación era que se forzara a la gente a seguir ahí, porque había leído de otros casos que se resolvieron sólo sacando a la población cercana a la zona industrial. Otros pedían que se fuera el Polo, pero yo no estaba de acuerdo.

Tampoco estaba muy convencido de que el desenlace fuera a través de controles con protagonismo bahiense, como finalmente se encauzó la salida al conflicto.

—Fue un hito, un hecho político importante —reconoce Hernán, que participó activamente de la Comisión de Control y Monitoreo (CCyM), que junto con el Comité Técnico Ejecutivo (CTE) se crearon a partir de la norma provincial 12.530, conocida como…

🔎 La “ley Tunessi”

—Ya teníamos un Polo Petroquímico, pero había una inversión de 2.000 millones de dólares, con tecnología de última generación y en tan poco tiempo, que modificaba toda la cuestión. Estábamos asombrados porque nadie había pensado sobre el impacto en seguridad que podía tener ese desarrollo —le dice a 8000 el abogado Juan Pedro Tunessi, dirigente radical que fue edil, diputado provincial y nacional y secretario parlamentario del Senado de la Nación.

Junto a la ingeniera Aloma Sartor, también exconcejala e integrante del Grupo de Estudio de Ingeniería Ambiental (GEIA) de la Universidad Tecnológica Nacional, impulsaban un proyecto para que las decisiones se tomaran acá.

Por entonces, el Municipio tenía un “innovativo aunque muy incipiente” desarrollo del área dedicada al saneamiento ambiental:

—Sólo controlaba roedores y otras cuestiones urbanas menores —aclara Tunessi.

Y todo lo demás se resolvía en La Plata.

—El escape de cloro fue una desgracia con suerte, porque si esa nube hubiera encontrado un viento distinto habría ido sobre la población y generado una catástrofe tremenda —evoca—. Eso sensibilizó a la población, y el entorno comenzó a reclamar la ley a través de una especie de clamor.

(Foto: La Nueva.)

Así, la norma terminó saliendo “rápido”: se promulgó el 9 de noviembre de 2000. Pero no fue nada fácil.

—La querían demorar porque había lobbies fuertes —admite Tunessi. En aquellos días, la Gobernación era peronista (Carlos Ruckauf) y la Comuna, radical (Jaime Linares).

La ley planteó una convergencia entre las jurisdicciones de la Provincia y el Municipio mediante el Comité Técnico Ejecutivo, e incluía una comisión de control comunitario con organismos representativos:

—El objetivo era que ambos entes trabajaran juntos, armoniosamente, y manteniendo al tanto a la comunidad de todo lo que pasaba con el monitoreo.

  • 🧐 Cristian Stadler es el actual coordinador interino del CTE. El organismo publica información cotidianamente en su página y en redes: Instagram, Facebook, X, LinkedIn. La sede queda en avenida San Martín 3.474. Teléfono: 2914572720. Correo: cte.guardiaambiental@bahiablanca.gov.ar

Para sostener el esquema de control, se impuso una tasa ambiental a la industria.

—Las empresas se oponían al pago porque decían que les afectaba a los costos —recuerda Tunessi—. Finalmente accedieron, porque sabían que después de los escapes tenían que hacer un gesto.

Y el Polo debió adaptarse, pero se formó…

💰 El scrum RSE

En 1997, 3 años antes de los escapes, el mundo había adoptado el Protocolo de Kioto buscando reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para combatir el cambio climático.

—Por entonces, aquí el Estado se desprendía de sus activos en el Polo, que se ve ampliado enormemente con la entrada en escena de grandes empresas trasnacionales— describe a 8000 Emilce Heredia Chaz, doctora en Historia por la UNS y magíster en Estudios Urbanos.

(Foto: gentileza EHC)

En su tesina de licenciatura, investigó sobre las políticas de Responsabilidad Social Empresaria (RSE) del complejo petroquímico local. Se trata del vehículo corporativo para estrechar vínculos con la sociedad y las universidades, y acá hubo un rol central de la agencia Rex, con el auspicio de espacios y suplementos en la prensa, acota.

Así se establecía “una política comunicacional”. Y en eso estaban las compañías cuando ocurrieron los escapes:

—Es un momento de ruptura que cambia el sentido de la historia —señala Emilce—. Hay reposicionamientos y emergen y se visualizan con más claridad esas relaciones de fuerza y de poder.

Un hito significativo fue la aparición de la Asociación Industrial Química (AIQBB) integrada por PBB Polisur, Solvay Indupa, Compañía Mega y Profertil.

Para Emilce, no fue sólo una unión de empresas:

—Fue una respuesta estratégica muy clara en términos de fuerza, de recursos, sistematización de distintos programas y multiplicación de intervenciones en diferentes áreas de la vida social whitense.

Y el disparador resultó aquel conflicto social que nació con los piquetes y siguió con consignas como el pedido de erradicación del Polo y un cuestionamiento hacia el avance sobre el Puerto.

Finalmente, se adoptó una “salida tecnocrática”, dice Emilce:

—Fue una respuesta técnica a una cuestión política como la ambiental. Una idea de que, con más comunicación, con más control, con más tecnología, se va a solucionar.

Según la académica, “había que imponer orden”.

—Y se logró a partir de ese dispositivo basado en la tecnología, y articulado con actores que dejaron de lado a los que actuaban en el territorio, como los vecinos y los pescadores artesanales.

Pero se pregunta:

—¿Hasta dónde es una solución, si se aceitan los mecanismos con la ausencia de un poder real de los habitantes para incidir?

  • 👩‍🎓 Acá tenés su tesis doctoral, titulada “Procesos extractivos, territorios urbanos y conflictos territoriales: hacia una ecología y economía política del desarrollo petroquímico en Bahía Blanca”.

Una cuestión que no se modificó en estos 25 años es la facultad de sancionar a las industrias por incidentes que afectan el ambiente, ya sea el agua, el suelo o el aire.

En este último caso, los impactos pueden ser en lo visual (por ejemplo, emisiones a través de las antorchas), ruido, olores, humos, material particulado, derrame o vuelcos y otros, de acuerdo con la categorización del Ministerio de Ambiente bonaerense.

  • 📍 En ese Mapa de Alertas, cada empresa debe comunicar todo hecho que afecte su operación y reportar a las autoridades.

El ministerio sigue siendo la única instancia capaz de transformar en multas las infracciones del CTE. Y para hacerlo tiene un plazo que suele vencer antes de que se determine la multa. Es decir: en general, los incidentes pasan y no hay reparación alguna por el daño provocado. Una cuestión pendiente, aún.

A la par del nuevo esquema de control y monitoreo se desarrollaba un complejo y enredado trámite judicial, que permanece abierto. Y también, sin reparación.

  • ⚖️ En los expedientes (entre ellos, los vinculados a los escapes de 2000) figuran reconocidos abogados del foro local patrocinando a las empresas.

  • 💼 Algunos nombres: Nidia Moirano (excandidata a intendenta por Juntos), Santiago Furlong y Francisco Fasano (Profertil); Juan Carlos Bonacorsi (Solvay), Mariano Sierra y Gustavo Perramón Dávalos (PBB Polisur); Enrique Milone (Techint) y María Marta Monacelli (una aseguradora).

📌 La mejor prevención

El papel de los gobiernos locales y del Poder Judicial bahiense sobre los fenómenos de agosto de 2000 lleva a una reflexión final sobre el rol de las instituciones en escenarios de posibles catástrofes.

Hernán Zerneri padeció los escapes, participó de los piquetes, se comprometió con su comunidad y se formó para representarla de la mejor manera. Hoy advierte sobre el deterioro de las reglas de juego que surgieron de aquella crisis.

—Hace bastante que no participo de la Comisión de Control y Monitoreo, porque siento que pierdo el tiempo y le hago perder el tiempo al resto. Entró en una zona de confort peligrosa —dice—. No tiene la relevancia que tiene que tener, porque las entidades que participan no hacen valer su lugar.

A las universidades Hernán les critica “un rol muy pasivo”, ya que cuentan con herramientas para “discutir varias cuestiones pendientes”. Y a las industrias, que deben “marcarle límites” al poder político local:

—¿Tenemos que esperar que pase algo para poner en riesgo instituciones que tanto nos costaron? —plantea—. El día que explote un reactor, como ya pasó, la gente no se va a sentir representada y va a pasar lo mismo que pasó en 2000. Volverá el reclamo a la calle y no van a ser suficientes las instituciones para contenerlo.

Y así, traza un paralelismo con los fenómenos que sufrimos el 16 de diciembre de 2023 y el 7 de marzo de 2025:

—Lo que pasó con el temporal y la inundación nadie lo esperaba. Pero pasó. Y ahora nos cuestionamos todo, como pasó con aquella crisis tecnológica de 2000. Esta película ya la vimos, y vamos a salir fortalecidos. Pero luego pueden venir el relajamiento y el declive. Tenemos que estar preparados para la emergencia, para contener a la sociedad. Porque, si no, nos desborda y ese daño causa costos a todos, hasta la pérdida de vidas humanas.

(Foto: La Nueva.)

😒 Y no hay reparación que valga

El abogado bahiense José Manuel Sáez representa a cientos de los más de 1.200 vecinos que iniciaron acciones legales. Tras un cuarto de siglo, parece imponerse la impunidad empresarial y la reparación adopta las formas de una quimera.

A continuación, el diálogo de 8000 con Sáez: lo editamos levemente por cuestiones de claridad y extensión.

—¿Ha habido algún tipo de sanción judicial, penal o administrativa para las empresas responsables de los escapes? ¿Y para los organismos públicos de control?

—Después de más de 2 décadas de tramitación judicial, el panorama sancionatorio presenta características particulares que merecen análisis detallado. En el ámbito penal, se registra únicamente la probation otorgada a Jorge Bornemann en 2022: es la única resolución definitiva en esta materia hasta la fecha.

  • 👀 Bornemann, exgerente de Dow PBB, fue imputado por el vertido de líquidos contaminantes en la ría bahiense.

En cuanto a los organismos de control, no se han registrado sanciones administrativas firmes contra funcionarios públicos.

—¿Cuáles son las razones principales?

—En primer lugar, la complejidad técnica de los casos ambientales requiere peritajes especializados que demandan tiempos procesales extensos. La determinación de responsabilidades en casos de contaminación industrial involucra aspectos técnicos, normativos y causales que exceden los parámetros habituales del derecho penal tradicional.

En segundo lugar, la distribución de competencias entre fueros federal y provincial, sumada a la necesidad de coordinación entre múltiples jurisdicciones, genera complejidades que impactan en los tiempos de resolución.

—¿Algún vecino recibió alguna reparación a raíz de los escapes?

—Hasta la fecha, no se han registrado reparaciones integrales definitivas para los representados en las acciones judiciales promovidas.

La situación actual de la Suprema Corte provincial, con composición reducida, ha impactado en la capacidad del sistema para resolver definitivamente casos de alta complejidad técnica. Esta circunstancia, sumada a la natural prudencia de los tribunales inferiores ante casos de gran magnitud, ha contribuido a la extensión de los plazos procesales.

—¿Hay alguna pericia o informe que ponga en duda la gravedad de los acontecimientos de 2000?

—Los expedientes judiciales contienen múltiples peritajes técnicos realizados por organismos oficiales e instituciones académicas. La evidencia disponible documenta de manera consistente la existencia de contaminación en el área del Polo Petroquímico, con diversos grados de afectación.

¿Las empresas involucradas han tratado de minimizar los alcances?

—Han presentado sus propios estudios técnicos y argumentaciones defensivas. Sus planteos se han centrado principalmente en el cumplimiento de parámetros normativos vigentes al momento de las operaciones y en la distinción entre efectos individuales y acumulativos de las emisiones.

La jurisprudencia nacional ha establecido que en casos de incertidumbre científica debe aplicarse el principio precautorio, criterio que orienta la interpretación de evidencia técnica contradictoria en favor de la protección ambiental.

—Usted ha elevado un pedido de per saltum para que el caso llegue a la Corte Suprema de la Nación. ¿Sería el primer acercamiento del máximo tribunal?

—Efectivamente, este constituye el primer acercamiento directo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a la cuestión específica de la contaminación en el Polo Petroquímico.

El recurso per saltum se fundamenta en la existencia de contradicciones manifiestas entre resoluciones de diferentes fueros, situación que genera inseguridad jurídica y afecta la coherencia del sistema judicial.

La resolución del 17 de julio de 2025, mediante la cual la Cámara Federal de Bahía Blanca revocó sobreseimientos y ordenó declaraciones indagatorias de directivos empresariales y funcionarios públicos, contrasta con la resolución del 5 de agosto de 2025 de la Fiscalía General bahiense, que confirmó el archivo de causas relacionadas.

Esta situación configura el supuesto excepcional que justifica la intervención directa del máximo tribunal.

—A propósito de la inundación que sufrimos el 7 de marzo, ¿cuál es su evaluación jurídica de los eventos y su relación con la situación ambiental preexistente?

—Fue una tragedia que requiere investigación judicial exhaustiva para determinar responsabilidades. Corresponde analizar si existieron omisiones en el cumplimiento de deberes de funcionarios públicos o privados que pudieran haber contribuido a la magnitud de los daños.

La investigación judicial debe determinar si las condiciones preexistentes en el área, incluyendo el estado de la infraestructura hídrica y los antecedentes de contaminación documentados, constituyeron factores que agravaron las consecuencias del evento meteorológico.

—¿Cuáles son sus expectativas con respecto al futuro de los procesos?

—Dependerá de múltiples factores. La intervención de la Corte mediante el per saltum podría proporcionar claridad jurisdiccional y criterios unificados para el tratamiento de casos ambientales complejos.

Es fundamental que el sistema judicial desarrolle capacidades técnicas específicas, incluyendo la formación especializada de magistrados y la disponibilidad de peritajes técnicos de alta calidad.

—¿Qué mensaje dirigiría a la comunidad?

—Es importante que comprenda que los procesos judiciales ambientales requieren tiempos extensos debido a su complejidad técnica y jurídica. La búsqueda de justicia debe equilibrar la urgencia social con la necesidad de garantizar el debido proceso y la solidez de las decisiones judiciales.

La experiencia de Bahía Blanca puede contribuir al desarrollo de mejores prácticas para la prevención y tratamiento de casos ambientales similares en otras regiones del país, fortaleciendo el marco institucional para la protección del ambiente y la salud pública.

  • Esta entrevista se realizó en el marco de los procesos judiciales en curso. Las opiniones expresadas corresponden al análisis jurídico del entrevistado y no constituyen prejuzgamiento sobre el resultado de las investigaciones pendientes.


✍️ El autor

Gabriel Bermúdez es periodista y licenciado en Economía por la Universidad Nacional del Sur. Se desempeña como columnista en Agenda Pública y en Panorama Mundial, por AM 1240 Radio UNS. Tiene a su cargo la cátedra Periodismo Gráfico 1 en el Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. De 1997 a 2023 fue corresponsal de Clarín y pasó 14 meses en la sección Información General de la redacción central. También trabajó en los canales bahienses 7 y 9, y editó el periódico digital Solo Local junto a su creadora, Sandra Crucianelli.

Hace 25 años: Gabriel haciendo la cobertura para el 9. (Captura de TV)

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